En el último semestre la confrontación entre
los trabajadores del sector público, organizados en distintos sindicatos, y el
Estado, se ha venido agudizando con mayor intensidad; a consecuencia de la
implementación de la Ley de Servicio Civil (Ley que prohíbe el incremento de las remuneraciones, de los trabajadores
del Estado, por la vía de la negociación colectiva, así como establece un nuevo
régimen laboral), reflejándose esta tensión en las calles de la capital del
Perú. Teniendo como objetivo de las protestas sociolaborales las instituciones
principales que tienen que ver con la justicia de derechos fundamentales y con
las decisiones políticas, es decir el Tribunal Constitucional y el Congreso de
la República, respectivamente.
Las críticas contra este nuevo régimen laboral del sector público, que crea la
Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante SERVIR) y el Tribunal del
Servicio Civil, ha sido duramente criticado por los sectores sociales y
laborales que ven en esta Ley un recorte de sus derecho fundamentales, como así
lo demuestra la prohibición a la negociación colectiva en materia de incremento
de remuneraciones.
Sin embargo, en donde se expresa con mayor
claridad e insensibilidad el recorte de derechos sociolaborales por parte de
SERVIR, es en el nuevo tratamiento que otorga a las licencias para los
trabajadores públicos que padecen la enfermedad de la tuberculosis.
Mediante Informe 111-2012-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 08 de Febrero del 2012,
SERVIR reproduce y ratifica el Informe Legal 080-2011-SERVIR/GG-OAJ, en el cual
realizando una interpretación restrictiva declara que ha sido derogada
tácitamente lo dispuesto por el artículo 55, cuarto párrafo, del Decreto Ley
11377, que establece la licencia de 02 años, con goce de haber, para los servidores
públicos que sufren la enfermedad de la tuberculosis. Y afirma, que de
presentarse este supuesto de incapacidad permanente por tuberculosis, se
produciría el cese definitivo del trabajador de su centro de trabajo.
Como se puede apreciar, dicho criterio vulnera
el derecho fundamental y humano, del servidor público, así como el derecho al
trabajo, establecido en la Constitución Política del Estado, y contradice
abiertamente el criterio establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, institución responsable de las políticas en materia sociolaborales.
Lo que expresa una carencia de decisiones políticas coherentes, sistemáticas e
integrales del Estado en la lucha sociolaboral contra la
tuberculosis.
Es decir, SERVIR, no sólo desampara al trabajador no otorgándole la
licencia por 02 años con goce de haber, sino que lo despido de su centro de
trabajo. Convirtiendo en un paria al trabajador del Estado que sufre de
tuberculosis, al expulsarlo de su centro de trabajo sin posibilidades de reengancharse
laboralmente, como consecuencia de la enfermedad infecciosa.
Por otro lado, la falta de coherencia en las decisiones estatales por parte de
dos instituciones que regulan los derechos laborales en nuestro país, en sus
respectivas competencias y funciones, indica la falta de una política de
gestión que involucre como criterio la defensa del derecho a una vida digna y
saludable, como derecho humano fundamental, del trabajador que haya contraído
la tuberculosis.
Es por ello, que lo señalado por el Ministerio de Trabajo en su documento
publicado en la página web oficial intitulado "Implementación de Programas
de Prevención y Asistencia Relacionados a la Tuberculosis en el ámbito
laboral", en donde en su capítulo "Respuesta Nacional frente a la
Tuberculosis en el ámbito Laboral" establece que "en nuestro país, el
Decreto Ley 11377, señala en su artículo 55 (modificado por Ley 15668), que de
diagnosticarse tuberculosis, el trabajador tendría hasta 02 años de licencia
con goce de haber", se convierta finalmente en declaraciones sin ninguna
aplicabilidad en la realidad en favor del trabajador del Estado; por el
contrario, SERVIR, se zurra en el trabajador infectado de tuberculosis.
Dando muestra esta institución de su poca sensibilidad y su vocación por los
recorte de los derechos sociolaborales fundamentales, que a todo pulmón
(seguramente algunos infectados con la tuberculosis) gritan y piden los
trabajadores en las calles de Lima, su derogatoria.